Cd. Juarez, Chih.- Siete exfuncionarios del Gobierno de Javier Corral (2016-2021) que están bajo proceso penal e investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, así como del servicio público y otros, ninguno actualmente está recluido en el Cereso y enfrentan la justicia en libertad condicional o bajo la protección de amparos otorgados por la justicia federal.
El pasado viernes el exsecretario de Salud estatal Eduardo F. H. fue vinculado a proceso penal por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, derivado de que presuntamente contrató deuda pública irregular por un monto de 401.3 millones de pesos en el último año de la administración del panista Javier Corral.
Hasta el momento solo cuatro de estos ex funcionarios están bajo proceso penal, sujetos a diversas causas penales; mientras que tres no han logrado llegar a esa instancia por amparos que les concedieron los tribunales federales.
La primera detención fue la de Araly Cristina Paulina del Rocío L. A., realizada el 15 de noviembre de 2022. La exdirectora administrativa de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado durante la administración de Javier Corral fue aprehendida en la ciudad de Chihuahua por el presunto desvío de aproximadamente 9.8 millones de pesos, a través de la asignación irregular de cinco contratos.
Desde 2019, la Auditoría Superior de Justicia (ASE), en su informe de la cuenta pública 2018, señaló a Araly Cristina como una de las funcionarias de Comunicación Social involucradas en la celebración de contratos ilegales por más de 9.8 millones de pesos.
La imputada fue vinculada a proceso el 18 de noviembre por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en modalidad agravada; aunque el juez de la causa estableció un plazo de cinco meses para cerrar la investigación complementaria, aún no se ha desahogado la audiencia intermedia. Además, el tribunal permitió que siguiera su proceso fuera de la prisión al imponerle resguardo domiciliario como medida cautelar.
