Cd. Juarez, Chih.- Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), padres y madres de la 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y sus representantes denunciaron que hay un “desmantelamiento” de los mecanismos que llevan el caso, el cual “va en pique” con la negativa del Ejército a entregar toda la información, amagos de investigación contra el ex fiscal, Omar Gómez; la renuncia del ex subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob, Alejandro Encinas, quien incluso “está citado ante juicios contra militares” y riesgos de retrocesos.
Tanto los familiares como los integrantes de la CIDH reprocharon que no hayan asistido a la audiencia en Washington, Estados Unidos, ni el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra, quien sólo envió una carta, ni el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, quien además preside la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
La embajadora de México ante la Organización de los Estados Americanos, Luz Elena Baños, fue la única que habló por parte del Estado. Refrendó el compromiso “indeclinable” con la memoria, la verdad, la justicia y la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, además de que reiteró la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer lo sucedido.
En tanto que la vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, llamó a “romper el pacto de silencio” que existe y que no ha permitido que el caso llegue “a un desarrollo en la investigación para alcanzar la verdad y poder someter a la justicia a los responsables”.
Elena Baños leyó la carta enviada por Gómez Piedra, en la que el fiscal al tiempo que reiteró que la investigación de la administración federal anterior estuvo “plagada de irregularidades”, hizo señalamientos contra el anterior titular de la UEILCA y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La llegada del ex fiscal en 2019, mencionó, “generó nuevas expectativas para el avance del caso; sin embargo, durante su gestión continuaron las liberaciones de posibles responsables detenidos, hubo dilación en su actuar jurídico, ejemplo de ello es que se perdieron testigos de identidad reservada vitales para tal caso”.
Además, refirió que en agosto del 2022 cuando se planteó la judicialización del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, actualmente preso, el ex fiscal -aseguró- “se negó rotundamente a hacerlo y renunció a su cargo propiciando con ello impunidad”.
Agregó que tuvieron que pasar 8 años para que se sujetara a proceso a Murillo Karam “sin que los integrantes del GIEI hubieran impulsado la investigación y sanción de dicho ex servidor público” y que incluso algunos de ellos expresaron “molestia por la ejecución de la orden de aprehensión y argumentaron que se requería más tiempo para la integración de la carpeta de investigación.
