Cd. Juarez, Chih.- Susana es miembro del Servicio Exterior Mexicano y actualmente funge como administradora de uno de los 53 consulados de México en Estados Unidos. Inicia su jornada laboral a las seis de la mañana con llamadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para recibir la lista de los migrantes detenidos de ese día. Su jornada termina, si tiene suerte, a las 10 de la noche. Su sueldo de uno de estos meses se atrasó, por lo que tuvo que pagar el alquiler de su departamento con recargo. Con ese mismo retraso se cubrió la renta, la electricidad y la seguridad del consulado de frontera en el que trabaja. Susana —nombre ficticio— acude una vez al mes al banco de comida de su ciudad porque no le alcanza para el súper y busca cualquier ayuda extra que dé el Gobierno estadounidense: “Tengo un subsidio a la electricidad de 16 dólares, no es mucho, pero todo ayuda”.
El sueldo que acompaña a su cargo, 3.295 dólares, es el mismo con pesos y centavos desde 1998. En 27 años, mientras el coste de vida de Estados Unidos ha estallado, no ha habido ningún ajuste, lo que coloca a una buena parte de los funcionarios del Servicio Exterior Mexicano (SEM) en la línea de pobreza en el país. Esto obliga a algunos de ellos a vivir en casas de asistencia social, recibir subsidios del Gobierno de EE UU o, incluso, comer de alimentos donados. Ahorrar, irse de vacaciones o afrontar emergencias médicas es prácticamente impensable.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha agigantado la presión. Las jornadas se alargan, las peticiones de ayuda se multiplican y el pánico entre la comunidad mexicana migrante se traslada a su primera línea de defensa: los consulados. Estos afrontan la ofensiva con una reducción generalizada del presupuesto, que ha caído un 6% con respecto al del año pasado y un 38% con respecto al de 2018. “Nos están pidiendo que hagamos más con menos”, resume Óscar (nombre ficticio), desde otra sede diplomática. El apoyo de Claudia Sheinbaum, apuntan, se ha quedado solo en el discurso. “Escucho lo que dicen la presidenta y el canciller respecto a la protección de mexicanos acá y hablan de una Cancillería y de unos recursos que no existen”, añade César (también nombre ficticio).
El estrés y las malas condiciones han provocado una estampida dentro del cuerpo de diplomáticos. Solo en Estados Unidos hay 69 plazas sin cubrir, el 17% del total, según la información pública de la Cancillería. Apenas 17 de los 53 consulados están completos y en algunas sedes falta por nombrar a la mitad de los puestos. Mientras, se ha hecho más visible el número de nombramientos a dedo, especialmente de políticos afines. El diagnóstico se repite en cada llamada: los problemas se arrastran desde hace demasiado tiempo, pero la llegada de las Administraciones de Morena los han hecho todavía más acuciantes.
EL PAÍS reconstruye la odisea en diferentes consulados en Estados Unidos con fuentes que trabajaron en la Cancillería mexicana y con los testimonios de 10 miembros del Servicio Exterior, que han pedido anonimato por temor a las represalias en sus puestos de trabajo. Consultada por este periódico, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó responder a las preguntas y dijo que se pida información a la unidad de transparencia. Pero este departamento, que no contestó al cierre de esta publicación, no hace declaraciones política.
