Cd. Juarez, Chih.- AMLO dejara su sexenio con una cascada de propuestas legislativas de gran calado, como en su primer año de Gobierno, pero ahora en temporada electoral. Se trata de 10 iniciativas legales y constitucionales de modificación que ha ido lanzando paulatinamente en los últimos tres meses. Contrario a lo que el mismo mandatario había adelantado, al menos las propuestas para modificar la Carta Magna han de desahogarse en el Congreso de la Unión durante el último periodo de sesiones de la actual legislatura que inicia el 1 de febrero. No en septiembre, ya con la posibilidad de haber obtenido la anhelada mayoría calificada que Morena y aliados, a propuesta del presidente, se han puesto como meta para el proceso electoral en curso. las reformas han de encaminarse al fracaso en el tablero de votación. La oposición ya adelantó sus votos en contra, necesarios para que los proyectos puedan transitar. Pero no es el mismo destino que se advierte tengan las propuestas de reforma entre la ciudadanía, aún indecisa sobre el sentido de su voto para el próximo 2 de junio.
El mandatario ha terminado con la incertidumbre. La semana pasada fijo la fecha para dichas propuestas todas constitucionales, inyectadas con el dardo envenenado de la derrota, pero con el potencial suficiente para convertirse en la bandera electoral del oficialismo en plena campaña de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, y del resto de aspirantes a cargos de elección popular. El 5 de febrero próximo, 107 aniversario de la Constitución mexicana, ha sido la fecha elegida por el presidente. La reforma al Poder Judicial para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por voto popular, bandera acuñada por el morenismo para obtener la mayoría calificada en el Congreso. La recién propuesta en materia de pensiones para que los trabajadores puedan acceder a una pensión con el 100% de su salario y la reforma electoral que tiene la marca del fracaso, son algunas de las iniciativas que se alistan para su proceso legislativo.
López Obrador ha iniciado por lo más complicado, las modificaciones constitucionales que forzosamente requieren dos tercios de los votos de los legisladores. En la Cámara de Diputados, 334 y en el Senado 85, lo que significa que requiere a la oposición. En la Cámara baja necesitan de 60, en la colegisladora de 12, todos de oposición. El periodo ordinario de sesiones inicia el próximo 1 de febrero y concluye el 30 de abril, en este lapso o bien en uno extraordinario se deberán desahogar las iniciativas presidenciales.
Las reformas legales que han de quedar pendientes por el momento son las más factibles para transitar, pero las menos polémicas. Necesitan mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos de legisladores, garantizados por el oficialismo. La reforma al Poder Judicial es, quizá, la más controversial del paquete que enviará el mandatario el próximo mes. Se trata de una venganza anunciada el año pasado. El precedente fue la decisión por mayoría de invalidar dos de las reformas prioritarias del presidente mexicano, la primera referente a la militarización de la seguridad, cediendo el Control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional,
