Cd. Juarez, Chih.- Pueblo del caribe colombiano fue el escogido para desarrollar el viernes el primero de los 50 diálogos regionales con los que el gobierno de Gustavo Petro busca construir su plan de gobierno oyendo a la ciudadanía.
Decenas de personas se congregaron en un colegio estatal de Turbaco, ubicado en el departamento de Bolívar, atendiendo el llamado público que hizo el miércoles el presidente, en el que prometió que su gobierno escucharía sus peticiones y luego las traduciría en planes para ejecutarlas.
El ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, fue el funcionario encargado de representar al gobierno y escuchar a la comunidad. Asistieron líderes comunales, comerciantes y autoridades locales para solicitar, entre otras cosas, sistemas de alcantarillado o hacer peticiones sobre las obras suspendidas de la construcción del Canal del Dique, un megaproyecto fluvial importante en la región.
La de Turbaco es una prueba piloto de los diálogos regionales que se replicarán en los próximos dos meses en todo el país, especialmente en regiones que han sido afectadas históricamente por el conflicto armado como los Montes de María, el Catatumbo o el Urabá.
Uno de los retos más grandes para el gobierno es convertir las promesas en hechos y buscar la financiación, dado que algunas inconformidades se han acumulado por años, según dijo a The Associated Press Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group.
El gobierno ha señalado que el plan de gobierno se enfocará en los ejes de ordenamiento territorial, seguridad humana, alimentación, transición energética y estabilidad macroeconómica. Luego de escuchar a la población, el gobierno hará un proyecto de ley con el plan de gobierno que tendrá que aprobar el Congreso.
Petro, por su parte, ha insistido en que la meta última de la novedosa estrategia para construir su plan de gobierno “será la construcción de un entorno de paz total”, entendida como la disminución de las brechas de pobreza y desigualdad y la reducción de la violencia a través de diálogos de paz con la guerrilla y programas de sometimiento a la justicia para las bandas criminales.
Varios grupos armados ilegales aún operan en Colombia, pese a que en 2016 el Estado firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acabando con la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Grupos disidentes de las FARC retomaron las armas, y persiste la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas como Los Caparrapos y el cártel Clan del Golfo, dedicado al narcotráfico.