Cd. Juarez, Chih.- El caso de Francisco G.A., alias “Paquito”, el tristemente célebre extitular de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Fue apresado el pasado lunes por un delito de lesa humanidad, tortura en investigaciones, detenciones y reclusión.

Durante su presentación en la primera audiencia, Francisco expuso ante la jueza su preocupación por la seguridad de su familia y vinculó su detención a la muerte de su padre, ocurrida horas después del encarcelamiento.

José Joaquín López Ramírez murió por Covid en agosto del 2020 recluido en el Cereso de Aquiles Serdán, el mismo donde ahora sufre reclusión “Paquito”.

La esposa de Joaquín imploró por el cambio de medidas cautelares y demostró su catálogo de múltiples enfermedades que lo hacían extremadamente vulnerable, certificados médicos en mano.

Ni le modificaron las medidas ni le entregaron el cuerpo hasta 10 meses después de muerto aduciendo medidas anti Covid. Fue torturado física y psicológicamente. Hoy Francisco perdió la memoria de todo aquello que provocó.

López Ramírez fue detenido en el 2018 acusado de peculado. Había sido funcionario en la administración estatal 2010-2016.

Fue uno de las decenas llevados (as) a prisión durante el régimen de Javier Corral, quien terminó moral, política y personalmente destrozado. La gubernatura fue un paquete tan incompatible con su temperamento autoritario, holgazán y corrupto, que terminó hundiéndolo, paradójicamente.

Al frente de los policías, de los ministerios públicos y de los correspondientes jueces de consigna apareció siempre el temible “Paquito”, aun por encima del entonces fiscal General, César Augusto Peniche.

Reventaba el pecho de orgullo al señalar que recibía órdenes directas del gobernador quien, por cierto, igualito o más cobarde aún, buscó entablar comunicación telefónica con el detenido en Aquiles Serdán seguramente para implorar no implicarlo.

Prácticamente, todos los detenidos del 2010-2016 presentaron quejas y denuncias contra el debido proceso desde el inicio de las indagatorias hasta las detenciones y los juicios mismos.

En esas lapidarias ironías de la vida es ahora el mismo argumento esgrimido por los corralistas tras la detención de su “coordinador de la operación Justicia para Chihuahua”. Ayer en tempranera audiencia de vinculación pidió lo mismo que antes le pidieron sus víctimas: “No me deje señora jueza sin mi derecho de defensa”.

Ahora hay una diferencia importante, sustancial, desde diciembre del 2021 la Dirección Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió a la Fiscalía General del Estado sobre el uso de tratos “crueles, inhumanos o degradantes” infligidos por los manejadores de “Justicia para Chihuahua” contra los sujetos de dicha operación.

La tortura lleva a prisión oficiosa, con mayor énfasis al ser practicados los respectivos e infalibles Protocolos de Estambul en las víctimas.

Aunque aparecía como inminente la encarcelación de un “pez gordo” del corralato, de los muchos que son actualmente sujetos de procesos por múltiples razones, tortura, peculado, malversación, etc., fue una sorpresa la caída del ejecutor de Corral Jurado.

Días antes fue apresada por corrupción la administradora de Comunicación Social durante el inicio del régimen de Corral, Araly Paulina, una pieza importante, pero menor en la jerarquía de esa oficina. Siguen prófugos el jefe de ella, Jesús Antonio Pinedo, y otros funcionarios y empresarios relacionados con el caso.