Cd. Juarez, Chih.- El INE confirmó que durante el sexenio del Gobernador de Chihuahua, César Duarte, se creó una red de empresas para dispersar, de manera ilegal, 250 millones de pesos de recursos públicos.

Sin embargo, el organismo electoral no pudo comprobar que dicho desvío, conocido como «Operación Safiro», tuviera como destino el PRI o campañas priistas en el 2016.

De los 11 consejeros, cuatro votaron en contra -Jaime Rivera, Martín Faz, Ciro Murayama y Claudia Zavala-, al considerar que existían elementos para sancionar al partido, pues, casualmente, el entonces secretario del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez, era socio en las empresas que recibieron el dinero.

El Instituto dará vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera para que investiguen los hallazgos de la Unidad de Fiscalización. Además de que la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE podrá dar vista a la FGR.

Con información de la FGR, el INE siguió el rastro de los 275 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) que entregó, en el 2016, la Secretaría de Hacienda, entonces encabezada por Luis Videgaray, al Gobierno de Chihuahua.

De ese monto, la Secretaría de Hacienda estatal destinó 250 millones de pesos a cinco empresas: Despacho de Profesionistas Futura, 90 millones; Servicios y Asesorías Samex, 55 millones; Servicios y Asesorías Sinnax, 55 millones; Servicios y Asesorías Sisas, 46 millones; y Jet Combustibles, 4 millones.

A su vez, éstas dispersaron el dinero a 15 subempresas, pero casualmente todas estaba ligadas entre sí, y en muchas de ellas su socio es Alejandro Gutiérrez, quien fue encarcelado en el 2017 por peculado, y hace unos meses fue liberado, con la advertencia que tiene pendiente el desvío de 250 millones.

El INE no encontró registro del servicio que supuestamente realizaron e incluso ocho de ellas son fantasma.

«(Al día siguiente de que las cinco empresas recibieron el dinero) lo dispersaron a través de diversas transferencias a las denominadas subempresas, las cuales emitían cheques o volvían a dispersar el recurso en otras transferencias por montos más pequeños.

«El destino final de esos pequeños montos, que en conjunto suman el total del recurso desviado, cayó en tres supuestos: fue retirado en efectivo por la persona moral denominada Sepsa Servicios Integrales; fue retirado en efectivo a través de cheques por el monto de 5,000,000 y cobrados por diversas personas físicas; y fue transferido a cuentas concentradoras de casas de bolsa», resume el dictamen de la Unidad de Fiscalización.