Cd. Juarez, Chih.- Aun año de la tragedia de la muerte de los 27 migrantes muertos, no hay culpables detenidos, los delegados estatales de Fiscalía General de la República (FGR), Ramón Ernesto Badillo; Juan Carlos Loera, del Bienestar, y del Instituto Nacional de Migración (INM), el militar Salvador González Guerrero.

Fue la catástrofe ocurrida la noche del 27 de marzo del año pasado en la “estación” migratoria del INM. Dichos funcionarios no daban crédito a la desgracia frente a su cara. “Como que no lo creían y, por lo tanto, no sabían qué hacer con tanta persona muerta. Los lesionados ya habían sido llevados a hospitales”, agregó el jefe.

Finalmente, la Fiscalía estatal Zona Norte entró al quite, sus peritos ordenaron los cuerpos semiquemados y los prepararon para ser llevados al Servicio Médico Forense de la propia institución del estado.

Debió ser conseguido un camión refrigerado que generosamente ofreció Transportes Sotelo mientras era abierto el espacio necesario en el siempre saturado Semefo.

La irresponsabilidad, la indolencia, el menosprecio oficial por los viajeros, cubrieron ese día de luto a la ciudad y al mundo. Murieron 40 de ellos de distintas nacionalidades.

Fallecieron asfixiados, algunos parcialmente quemados, en un centro de detención bajo jurisdicción del Gobierno federal cuyos responsables operativos a nivel local y nacional quedó probado que no le daban importancia alguna.

El trágico 27 de marzo fue cuando conoció apenas ese edificio a su cargo el contralmirante González Guerrero, hoy recluido en el Cereso estatal 3. De ahí su sorpresa, y la de Loera, y de Badillo.

Las víctimas fueron encerradas en celdas literalmente enrejadas, “vigiladas”, selladas con candados, por personas de una empresa de seguridad privada que no tenían ni la más remota idea del debido trato a personas en situación de movilidad, no delincuentes de ninguna naturaleza.

Nada ha cambiado en esa relación, o falta de relación, entre los extranjeros caminantes y las instancias responsables de su atención, el Gobierno federal. Continúan peligrosamente abandonados y bajo el mismo desinterés por generar un orden o implementar medidas mínimas de seguridad a lo largo de sus trayectos.

Y nada cambiará, a juzgar porque el máximo responsable operativo de aquella tragedia, el entonces director o comisionado en el país del INM, Francisco Garduño, ha sido sostenido al frente de dicha institución a pesar de enfrentar un proceso penal en libertad por tales hechos.

Dolida por aquellos acontecimientos y las circunstancias presentes, la exfuncionaria federal de la 4T, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), “a quienes permanecen en prisión sin merecerlo”, y tácitamente le puso nombre a Garduño… “mientras otros individuos, cuya responsabilidad legal y operativa era muy superiores, llevan su proceso en total libertad y con medidas cautelares mínimas…”