Cd. Juarez, Chih.- en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la presidenta anunció que presentará una denuncia por difamación en México contra con Jeffrey Lichtman, el abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán López, por sus declaraciones en donde la señala de ser brazo de relaciones públicas de un cártel.
Recientemente, Lichtman dijo que la presidenta «actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano» y afirmó que hará más declaraciones sobre el tema. Primero: no se establece diálogo con un abogado de un narcotraficante. Y dos: vamos a presentar una demanda por difamación en México. Porque esto no se puede dejar pasar”. Con estas palabras, Sheinbaum rompió con el protocolo habitual y colocó la agenda diplomática y judicial sobre la mesa de la conferencia matutina.
Jeffrey Lichtman no es un abogado cualquiera: ha defendido a figuras de alto perfil como el propio Joaquín Guzmán Loera. Su declaración sobre la presunta “colusión mediática” entre el gobierno mexicano y estructuras criminales encendió alarmas y generó indignación en círculos políticos y mediáticos del país
Este episodio no es menor. La narrativa en torno al narco y el Estado ha sido históricamente un campo minado de sospechas, verdades a medias y silencios institucionales.
Que un abogado internacional acuse públicamente a un gobierno de actuar a favor del crimen organizado y que la respuesta sea legal —no mediática—, representa un cambio de tono significativo en la administración federal.
Más allá de quién tenga razón, este hecho pone en relieve la urgencia de blindar la reputación institucional y la justicia nacional frente a ataques externos, pero también de transparentar acciones reales que demuestren, más allá del discurso, que el Estado no pacta.
