Cd. Juarez, Chih.- Las autoridades de Estados Unidos acusan a una familia de empresarios estadounidenses de operar una red de tráfico ilegal de combustible crudo mexicano, vinculado con organizaciones delictivas.
La información fue dada a conocer por varios medios de comunicacion de Mexico, en colaboración con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Entre enero de 2022 y diciembre de 2024, las empresas mexicanas Comexperts, Doble Erre Continentales y Comercializadora Atax enviaron al menos 130 millones de litros de petróleo crudo hacia Estados Unidos, haciéndolos pasar como “desechos de aceite”. Las exportaciones se realizaron vía ferrocarril, a través de la aduana de Piedras Negras, Coahuila, con destino a la firma Maxim Crude Oil, propiedad de la familia Jensen, radicada en Utah. La familia Jensen ya había sido señalada en el pasado por su relación con redes de huachicol. En 2011, Pemex demandó a James Jensen por comercializar gas condensado robado en la Cuenca de Burgos, región productora que abarca Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Estas empresas están constituidas en Monterrey, Nuevo León, y reportan domicilios en San Pedro Garza García, uno de los municipios con mayor nivel socioeconómico en América Latina. Dos de ellas incluso comparten oficina en el mismo piso de una torre del parque corporativo Equus, aunque solo una aparece registrada en el directorio.
Ninguna de las empresas tiene historial conocido en la industria de hidrocarburos ni experiencia comprobable en exportaciones o importaciones de combustible. James Jensen, su esposa Kelly Anne y su hijo Maxwell Jensen fueron detenidos en abril de 2024 en Utah. El Departamento de Justicia de Estados Unidos los acusa de introducir ilegalmente más de 2 mil 800 cargamentos de petróleo crudo mediante facturas falsas, haciendo pasar el crudo como “desechos de aceite”.
También se les señala por lavado de dinero, al transferir más de 47 millones de dólares a México. Según la acusación formal, los recursos terminaron en manos de empresas ligadas a organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, designado como organización terrorista desde febrero por el gobierno de Donald Trump.
