Cd. Juarez, Chih.- El año próximo quedará de Andrés Manuel López Obrador solo la fuerza para determinar quién será el candidato (a) de Morena a sucederlo en el 2024. Al mismo tiempo, Maru Campos se perfilará hacia su tercer año de administración con la ventaja enorme de poder reforzar logros o la posibilidad de enmendar yerros. A Cruz Pérez Cuéllar le restará solo un desesperante año de administración con la opción de ser reelecto en julio del ’24.

Son los tres titulares de los regímenes federal, estatal y municipal. En ellos descansa gran parte del destino de los mexicanos, los chihuahuenses, los juarenses. Manejan obra pública, impuestos, seguridad, etc. Su influencia es determinante en los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial. Son quienes truenan el chicote en la vida nacional y local.

Revisar con detenimiento, con microscopio, las relaciones entre los jefes de esas tres instancias de gobierno es fundamental para conocer el tamaño de su sincronía en la solución a toda la problemática social. Es fundamental la salud entre ellos para el bienestar de poblaciones y habitantes.

Hacia el penúltimo año de su régimen, AMLO presenta señales inequívocas de distanciamiento con la gobernadora de los chihuahuenses. Ella misma dijo que no fue invitada al cuarto informe presidencial desarrollado el jueves en la Ciudad de México.

Tuvo el acto un importante despliegue mediático; no por todos los rincones del país, ni en algunas grandes ciudades como esta frontera, pero sí en las capitales de los estados y de la República. No había razón política para dejar fuera de las invitaciones a los gobernadores (as) contrarios a la 4T.

Tampoco ha sido convocada la mandataria norteña a las reuniones encabezadas por López Obrador con presidentes municipales de las fronteras entre Chihuahua y Sonora. Irónicamente, asisten alcaldes del estado grande, pero no su gobernadora.

Atrás de esa indiferencia federal ha sido vista la lengua ofídica del exgobernador, Javier Corral, urgido tanto de venganza porque Maru le arrebató a la fuerza el control de la sucesión por la gubernatura como por evitar que inicien y/o avancen todos los procesos administrativos y penales iniciados en su contra debido a la ineptitud y corrupción incomparables durante los cinco años de su ejercicio.

El inicio del gobierno de Campos fue cálido y en ocasiones, desde el punto de vista de algunos, hasta excesivamente cercano al presidente, pero las cosas han tomado un rumbo muy distinto en la medida que aumenta la angustia y el miedo enfermizo de Corral Jurado por parar con sus tristes huesos en la cárcel.

El gratuito facilitador del exmandatario ha sido el delegado de los programas federales, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien no únicamente sigue sin entender que el llamado exgüevornador tuvo un papel preponderante en su derrota por la gubernatura contra María Eugenia, sino que lo ha reducido a una penosa marioneta. Primero habla Corral y luego lo repite Juan Carlos. Actúa el exgobernador como un Gepeto atrás de Pinocho.

Hacia arriba opera con buen éxito para efectos de maltratar la relación institucional entre la gobernadora y el presidente, la leal operadora de Loera, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

No concebimos en ella la bilis de su ahijado Juan Carlos, menos los ánimos vengativos de Corral, pero sí un pretexto de radicalismo partidario justo hacia el ’24. Ella lo lanza a sus interlocutores de Chihuahua con esa misma palabra, radicalismo.

La señal más incontrovertible del objetivo partidista como argumento para la pelea quedó plasmada el jueves en el Congreso del Estado con la manifestación de los diputados de Morena manejados desde el exterior de la torre legislativa por Loera de la Rosa y Corral Jurado.