Cd. Juarez, Chih.- El pacto de impunidad que tiene el Estado frente los crímenes de lesa humanidad cometidos en México”, ha impedido que a 25 años se haga justicia por asesinato de 45 indígenas tsotsiles, ocurrido en Acteal el 22 de diciembre de 1997, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Pedro Faro Navarro, responsable del espacio internacional del organismo, manifestó que por eso, a dos décadas y media de los sucesos, “no hay ninguna persona en la cárcel y el Estado corrobora que no se puede investigar a sí mismo, sino que más bien encubre a los perpetradores porque un pendiente en este caso es juzgar a los autores intelectuales”.
En entrevista dijo que en total fueron llevadas a prisión, 116 personas como responsables materiales, pero a la fecha no queda uno sólo en la cárcel, ya que, a partir de 2009, la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), los liberó, aduciendo violaciones al debido proceso.
Agregó que en estos 25 años han muerto varios de los sobrevivientes de la masacre de Acteal o sus familiares en 25 años “que no han visto la luz de la justicia”.
Faro Navarro comentó que los sobrevivientes de la masacre, sus familiares y compañeros agrupados en la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, están a la espera del informe de fondo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2010 admitió el caso, una vez que se agotaron las instancias nacionales.
“Este caso está ante la CIDH, que es la última instancia. Desde 2005 se presentó ante la denegación de justicia en el Estado mexicano; lo hicimos para que el Estado se haga responsable de este crimen de lesa humanidad. Pasaron muchos años, a pesar de que la documentación que tenemos es sumamente pulcra, sólida y evidente, pero en 2010 se admitió el caso”, aseveró.
Afirmó que el informe de fondo no ha sido dado a conocer porque la CIDH argumenta que “tiene un rezago histórico. Lo estamos esperando para que se dicte una sentencia -es un ámbito contencioso- hacia el Estado mexicano y pueda asumir su responsabilidad en el contexto de contrainsurgencia, de violaciones graves a los derechos humanos que se ha negado a admitir; hasta lo que ha llegado es a admitir que pudo haber evitado la masacre y no actuó”.
Señaló que el Estado mexicano ha admitido también “que se hizo mal el trabajo de justicia en las investigaciones, que no se resguardó el ámbito del sitio en el que se cometió la masacre y otras cosas, pero no admite su responsabilidad en el hecho de que fueron los actores principales, a través de la implementación del plan de campaña 94 y de la contrainsurgencia”.
