Cd. Juarez, Chih.- Hugo Aguilar, ministro indígena en presidir el máximo tribunal, enfrentará el rechazo de pueblos originarios que lo señalan por burocratizar despojos con megaproyectos de la 4T y silenciar a víctimas de acoso, ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisión de este país”, fue el lema de campaña de Hugo Aguilar Ortiz, cuya participación en la elección judicial lo ha llevado a convertirse en el segundo indígena que presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Juárez fue su primer titular en 1858), lo cual generó júbilo en la 4T. Sin embargo, desde comunidades y representaciones de pueblos originarios surgen voces preocupadas, de desencanto, rechazo y franca indignación.
Activistas, organizaciones civiles y representantes de comunidades en Morelos, Oaxaca y la Península de Yucatán expresaron que si bien Aguilar Ortiz tiene una trayectoria previa como activista ciudadano y defensor indígena, a partir de su incorporación al gobierno, primero con el entonces gobernador de Oaxaca Gabino Cué y luego con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal, legitimó desde el Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI) —junto con su titular Adelfo Regino— despojos e imposición de los megaproyectos a los que AMLO dio prioridad en su sexenio, como fueron el Corredor Interoceánico y el Tren Maya. También cuestionan que Aguilar haya participado en una elección judicial “que no fue más que una simulación”.
En Oaxaca, de donde Hugo Aguilar es originario, el activista mixe Joaquín Galván sostiene en entrevista con Proceso que si bien es cierto que el abogado mixteco es brillante, “la mayor parte de su vida ha operado para el Estado, sobre todo en la imposición de los megaproyectos, como el Corredor Interoceánico. Esta postura fue secundada por Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quien señaló a Hugo Aguilar por “burocratizar el despojo” con consultas fast track que nunca fueron libres, previas e informadas, sino que “se impusieron con el consentimiento forzado de las autoridades”.
Mientras que Miguel Ángel Aguirre, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, afirma que Hugo Aguilar tiene una deuda moral y política con las comunidades indígenas y la biorregión de los Chimalapas y que ahora, con el cargo que va a ocupar, tendría que hacer cumplir la sentencia que se ganó en noviembre de 2021 en todos sus términos para devolver al pueblo zoque territorios de esta reserva, en disputa con comunidades de Chiapas.
Del propio Joaquín Galván se viralizaron varios mensajes en la red X, en los cuales hace un señalamiento directo contra Aguilar: “@quinomixe Cuando mi compañera Sandra Domínguez denunció a funcionarios del INPI por su participación en chats de acoso sexual contra mujeres indígenas, el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar, envió a uno de sus abogados a ofrecerle un cheque abierto a cambio de su silencio.
“Esta situación se hizo a través del abogado miembro del equipo Cristian Mahatma. Mi amiga Sandra me lo reportó inmediatamente, les dijo que no quería más que la destitución de Rolando Vázquez Pérez, jefe de plazas del INPI”, dicen las publicaciones del activista.
