Cd. Juarez, Chih.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado a una resolución de la Suprema Corte para que sean designados sus magistrados, la lección que dejó el procedimiento para nombrar titulares de las mismas es que hay una falta completa de control político interno en el Poder Judicial.
Este puede y debe ser el gran reto por cumplir de la magistrada presidenta, Myriam Hernández, pues el atorón del proceso para elegir magistrados vino de adentro del Tribunal Superior, por parte de jueces y personal impuesto en el corralato, periodo caracterizado por una burda manipulación de la judicatura.
Al terminar el periodo vacacional y comenzar las actividades, formalmente tomaron posesión de sus respectivas salas Fernando Mendoza, en la Octava Civil y Karla Esmeralda Reyes en la Primera Familar de Chihuahua, así como Julio Merino en la Civil y Familiar de Parral.
Quedó vacante la Primera Civil de Juárez, donde quiso madrugar la juarense María Ávila de manera vergonzante; y también la Segunda Penal de la frontera porque quedó desierta ante la imposibilidad de conformar la terna correspondiente. Para salir esas designaciones es cuestión de tiempo y mejores amarres.
Pero las salas Cuarta Penal de la frontera y Quinta Penal de la capital seguirán en el aire, en lo que hay una resolución de la justicia federal ante los amparos promovidos por el mismo personal judicial estatal que se salió de un huacal dejado abierto, tal vez intencionalmente o por mera ingenuidad.
