En México, la violencia ha dejado de ser un fenómeno excepcional para convertirse en un paisaje cotidiano. La brutalidad del crimen organizado, con sus ejecuciones públicas y fosas clandestinas, ha acostumbrado a la sociedad a convivir con el horror. Sin embargo, no todo el espanto proviene de los cárteles. A veces, la deshumanización más cruda surge de la negligencia institucional, la impunidad y la indiferencia de quienes deberían garantizar dignidad incluso en la muerte.
El reciente hallazgo de casi 400 cadáveres abandonados en un crematorio de Ciudad Juárez es un recordatorio escalofriante de esta normalización. Familias enteras, cuyos seres queridos creyeron haber sido velados e incinerados con respeto, ahora enfrentan una verdad macabra: sus parientes yacían apilados como desechos, en avanzado estado de descomposición, mientras las cenizas entregadas eran, presumiblemente, una mentira. ¿Cómo es posible que durante años nadie —ni las autoridades sanitarias, ni los inspectores, ni los vecinos— detectara semejante aberración?
Los responsables del crematorio, ahora detenidos, enfrentarán cargos por negligencia criminal. Pero la pregunta central va más allá de su culpabilidad individual: ¿dónde estaban los mecanismos de supervisión? Un establecimiento que opera sin cámaras de refrigeración, sin protocolos básicos y sin transparencia no surge de la noche a la mañana; es el resultado de un sistema que tolera la opacidad y prioriza la conveniencia sobre la dignidad humana.
El fiscal de Chihuahua calificó el caso como «atroz e inédito», pero lo realmente inédito sería que este horror no quedara en el olvido, como tantos otros. Que se investigara no solo a los operadores del crematorio, sino también a quienes permitieron su funcionamiento irregular. Que se exigieran respuestas claras sobre cómo cientos de cadáveres pudieron ser almacenados sin miramientos, violando los derechos más elementales de los difuntos y sus familias.
México no solo está normalizando la violencia del narco; está normalizando la desidia institucional, la corrupción en los servicios más sensibles y la impunidad como norma. Si ni siquiera en la muerte hay garantías de respeto, ¿qué queda para los vivos? Este caso no es solo un crimen: es un síntoma de un país donde lo excepcionalmente cruel se ha vuelto rutina. Urge romper ese ciclo.
